Crisis post COVID19: “o ellos o nosotros…”

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y sin duda la frase tiene toda la razón.

La crisis anterior, que estalló en 2008, aún no estaba debidamente resuelta cuando nos ha pillado la del COVID19. Tuvimos doce años para hacer los deberes y recuperar la solidez de nuestra economía, pero ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez lo hicieron durante sus mandatos. Y por supuesto la actual pareja tóxica (Pedro/Pablo), no sólo no se espera que lo hagan, sino todo lo contrario…

Cuando una empresa, un autónomo o una familia pasa por apuros económicos, la primera decisión que toma consiste en recortar todos aquellos gastos que no sean estrictamente imprescindibles. Pues bien, nuestros “brillantes” dirigentes, en lugar de eso, lo que hicieron fue seguir gastando sin freno y pedir dinero prestado cada año, endeudando con ello a todos los españoles y a las futuras generaciones.

Zapatero se encontró en 2004 con una deuda pública entorno a los 389.000 millones de €uros. Cuando se fue, tras siete años de nefasta gestión, casi la había duplicado: 743.000 millones (dato a Diciembre de 2011).

Ese desaguisado lo heredó Rajoy, quien en lugar de recortar drásticamente el gasto público, continuó endeudando más al país: cuando fue desalojado por la moción de censura frentepopulista en 2018, la deuda pública alcanzaba ya la desorbitante cifra de 1.157.000 millones de €uros.

Según el último registro publicado, al cierre de Mayo vamos ya por 1.258.000 €uros y las previsiones económicas son tan desoladoras que se espera otro enorme incremento para los próximos meses. El deterioro de PIB previsto para 2020, sin considerar un posible nuevo confinamiento, se sitúa entre un 11 y un 13%, lo que representará el peor dato desde la Guerra Civil, hace ya más de 80 años.

La inmensa mayoría de la población española asistirá por tanto a la peor crisis económica de su vida. Y las expectativas a corto y medio plazo no son nada halagüeñas, ya que nuestra economía depende en gran medida del turismo (casi un 15%), que es el sector más golpeado por esta situación.

Todo esto me lleva a insistir en algo esencial, aunque sea casi un planteamiento quijotesco, dado el enorme entramado de intereses político-económicos que lo rodean: es imprescindible el adelgazamiento de nuestra administración pública! Y es “ahora o nunca”, ya que la situación actual es de tal gravedad, que probablemente no volvamos a tener tantos argumentos a favor de tomar esta medida en mucho tiempo.

Y esta reducción pasaría en mi opinión por dos medidas drásticas:

1.- La eliminación de todos los ayuntamientos inferiores a una cifra de población determinada, digamos 10.000 habitantes. Actualmente hay en España 759 municipios de más de 10.000 habitantes y 7.372 que no llegan a esa cifra. Estos deberían proceder a mancomunarse para alcanzar esa cifra de población, o a integrarse en uno cercano que ya la tenga. Con ello se reducirían de un plumazo entorno al 90% de los políticos municipales (decenas de miles entre alcaldes y concejales), secretarios y demás personal de los ayuntamientos pequeños; se producirían también enormes ahorros de gastos de funcionamiento (luz, agua, teléfono, limpieza, mantenimiento, etc.) al cerrar, vender o alquilar todas esas instalaciones municipales innecesarias. Esta es una medida que ya han adoptado hace años en muchos países europeos, pero parece que en España todo lo que sea optimizar el gasto público y reducir la carga fiscal a los contribuyentes, a nuestros políticos no les interesa…

2.- Eliminar el actual sistema autonómico, que se ha demostrado incapaz, generando muchos más problemas de los que en teoría iba a solucionar. Cuando se diseñó, a finales de los años 70, no existía Internet, y por tanto la palabra “descentralizar” era una especie de panacea con la que nadie podía estar en desacuerdo. Pero en la actualidad, en la era digital del siglo XXI, la descentralización llega hasta el domicilio y hasta el teléfono de cada ciudadano. Ya no hace falta acudir a hacer la mayoría de gestiones administrativas que eran necesarias hace 40 años, al igual que no acudimos a la oficina bancaria. Todo lo solucionamos con nuestro teléfono móvil o desde casa gracias a Internet.

A esta nueva situación se han adaptado los particulares y las empresas, pero no el sector público. Las oficinas bancarias se han reducido en número por todo el territorio nacional, las compras por Internet son cada vez más numerosas y muchas gestiones que antes debían de ser presenciales, ahora las hacemos cómodamente desde nuestro teléfono u ordenador.

En esta situación, ¿qué sentido tiene por ejemplo que cada comunidad autónoma disponga de su propio servicio de previsión meteorológica? Resulta ridículo gastar 17 veces en algo que se puede perfectamente compartir vía Internet y reducir los 16/17 del gasto que implica. Pues bien, este simple ejemplo se repite en centenares de materias, por la obsesión de los políticos autonómicos y de los partidos políticos (especialmente los “nazionalistas”) de convertir sus territorios en pequeños reinos de taifas.

El entramado autonómico no sólo es ya un anacronismo, sino que genera desigualdades inasumibles entre la población, claramente contrarias a la Constitución. Casos como el de los territorios forales navarro y vasco, son verdaderas puñaladas traperas contra la igualdad entre españoles. Y detrás de ese favoritismo fiscal (que pagamos el resto de españoles), está el origen del malestar de los catalanes independentistas, que primero se circunscribía al ámbito económico y que acabó degenerando en sentimiento antiespañol y en el golpe de Estado del 1-O.

La reforma de la Constitución que hiciera posible la eliminación de las comunidades autónomas mandaría al paro a decenas de miles de políticos, entre ellos a los independentistas, esos que utilizan nuestro dinero para atacar a España y para extorsionar al gobierno de turno; esos que prostituyen las lenguas cooficiales para adoctrinar a los niños desde pequeños y arrinconar a la lengua de Cervantes; esos que dilapidan recursos del contribuyente abriendo embajadas y subvencionando todo lo que favorezca sus paranoias secesionistas…

El ahorro que generarían estas dos medidas que acabo de explicar superaría sin duda los 100.000 millones de €uros anuales y beneficiaría al bolsillo de todos los españoles de una forma ostensible: el sistema público de pensiones dejaría de estar en riesgo (actualmente tiene un déficit anual de unos 19.000 millones), se garantizarían una sanidad y una educación públicas de calidad y pasaríamos de un plumazo de tener déficit público a superávit! Esta nueva circunstancia, desconocida desde los tiempos de Aznar, posibilitaría dos cosas: la reducción de la deuda pública y una bajada considerable de impuestos tanto directos como indirectos. Recordemos que en estas décadas de democracia nuestros políticos (tanto del PSOE como del PP) no han hecho otra cosa más que subirlos. El IVA sin ir más lejos nació con un tipo general del 12% y un reducido del 6% y a día de hoy ya vamos por el 21% y el 10%. Y todo parece indicar que a la vuelta del verano la pareja tóxica gobernante lo subirán de nuevo…

En definitiva, el objetivo de este post es el de concienciar a la ciudadanía de que, ante la peor crisis económica de nuestras vidas, sólo hay una salida posible: plantarles cara a los políticos y exigirles que se recorten ellos de una vez!

Ahora más que nunca: “O ELLOS O NOSOTROS”!!!