El despilfarro del estado autonómico y local en España

Imaginemos un bloque de vecinos de 17 plantas, de esos que nos podemos encontrar en cualquier gran ciudad… Tiene un presidente de comunidad, un administrador, un portero, tres ascensores, una empresa de limpieza, unas zonas comunes con jardines y piscina, garaje, parking en superficie, etc.

Pues bien, después de una serie de años funcionando razonablemente bien, a alguien se le ocurre que todo se gestionaría mejor si los vecinos de cada planta pudiera tomar sus propias decisiones, sin necesidad de tener que contar con la aquiescencia de los vecinos de las demás plantas… Entonces se somete la idea a votación y a una mayoría le parece bien, así que se aprueba y se lleva a efecto!

Se eligen 17 presidentes de las nuevas 17 subcomunidades y se pone en funcionamiento la nueva “descentralización”… En principio, las decisiones que se toman son de índole menor: cambiar algún cuadro, alguna lámpara, etc. Pero pronto empiezan a cuestionarse servicios comunes… El presidente de la subcomunidad del sexto piso se queja de que el servicio de limpieza del edificio no es bueno; el de la subcomunidad del décimo hace saber que sus vecinos no están conformes con la compañía de seguros del edificio; el de la subcomunidad del duodécimo manifiesta que sus vecinos han decidido pintar su planta de un color más alegre; el de la subcomunidad del decimoquinto reivindica que los tres ascensores se repartan por pisos (uno del 1º al 6º, otro del 7º al 12º y otro del 13º al 17º), de forma que el que corresponda a los pisos más altos sea de mayor velocidad que los otros dos; el de la subcomunidad del tercero pretende que de las plazas de parking en superficie que hasta ahora no estaban asignadas, una parte se les asigne a ellos y no las puedan usar vecinos de otras plantas…

Al cabo de tres años, la situación ha degenerado en lo siguiente:

  • Además de un administrador para todo el bloque, los 17 presidentes de las subcomunidades tienen cada uno el suyo propio. Los 17 nuevos administradores se reúnen periódicamente con el administrador del bloque y zonas comunes para llegar a acuerdos que cada vez son más complicados de alcanzar.
  • Se ha pasado de una cuenta bancaria a 18 (1+17), repartidas por varios bancos.
  • En vez de una compañía de seguros para todo el bloque, ahora cada planta tiene además la suya propia.
  • En lugar de una empresa de limpiezas para todo el bloque, hay varias que contratan directamente con cada planta, más la de las zonas comunes.
  • El pasillo de cada piso y su tramo de escaleras ha sido pintado de un color diferente.
  • Hay pisos que el número de la planta lo han cambiado por cifras romanas; otros lo han dejado en cifras decimales y otros han preferido ponerlo en letras.
  • Hay sospechas de que en varias subcomunidades se está pagando un sobrecoste a sus proveedores (entre el 3% y el 5%), que se intuye que acaba en el bolsillo de sus presidentes. En esas plantas hay vecinos que están en contra de esta corruptela y otros que están a favor porque reciben una mordida por su apoyo.
  • Hay varias subcomunidades que cuestionan al administrador del bloque y no aceptan que haya sido elegido por mayoría. Quieren imponer su minoría bajo la amenaza de dejar de pagar su decimoséptima parte de los gastos comunes.
  • La participación de estos gastos comunes es abonada religiosamente por una mayoría de subcomunidades, pero hay alguna que paga tarde y dos que acumulan ya meses de deuda pendiente.
  • Una subcomunidad exige que del horario de la piscina se les asigne en exclusiva un tiempo a ellos, para no tener que mezclarse con el resto de vecinos de otras plantas, a los que consideran de una categoría inferior.
  • Ya nadie puede tomar cualquier ascensor para ir a su piso, ya que han sido reprogramados para funcionar por tramos, como exigió el presidente de la 15ª planta. Eso significa que cada vecino ya sólo puede usar uno: el de su tramo. Y cuando se estropea, si recibe la autorización para usar el de otro tramo, después tiene que bajar o subir varias plantas andando.
  • Las plazas de parking en superficie se dividieron en 17 lotes y ningún vecino puede usar las de una planta distinta a la suya, aunque se encuentren vacías.
  • Hay varias propuestas de dividir la instalación eléctrica en 17 tramos, para que cada subcomunidad pueda contratar con la empresa que quiera, quedando sólo las zonas comunes a criterio del administrador del bloque.
  • Hay subcomunidades que cuestionan el servicio de seguridad de la mancomunidad y quieren eliminarlo. Otras han decidido que en ese caso montarán un sistema de alarma exclusivo para sus respectivas plantas.
  • La subcomunidad del piso decimoséptimo exige una compensación a las otras 16, alegando que sus vecinos tienen que pagar más calefacción y más aire acondicionado, por tratarse de la planta bajo cubierta.
  • Se han unido las subcomunidades de los tres primeros pisos y les exigen una compensación a las otras 13 alegando que sus vecinos son los que peores vistas tienen.
  • Desde el punto de vista económico, el principal cambio en tan sólo tres años ha sido que de los 110 €uros mensuales que se pagaban de comunidad, se ha pasado a pagar entre 240 y 290 €uros dependiendo de la planta.
  • Desde el punto de vista humano, lo más destacable es que la convivencia se ha deteriorado: las envidias y el egoísmo arrecian, y las acusaciones de agravios comparativos son habituales.
  • La situación ha degenerado hasta tal punto, que ya muchos de los vecinos se cuestionan si fue buena idea tanta descentralización y les gustaría volver a la situación anterior, pero los 17 presidentes y los 17 administradores defienden con uñas y dientes las bondades del sistema… ¿no será por su adicción al poder y a las mordidas?

Esto, que podría parecer una simple parodia, es por desgracia bastante parecido a lo que ha sucedido en las últimas décadas con nuestro sistema autonómico. Al final, con la excusa de darnos mejores servicios a los ciudadanos, los políticos se han montado una estructura de 17 reinos de taifas para asegurarse miles de puestos para los suyos. Los españoles somos los rehenes y los paganos de todo ese montaje, para mayor gloria de nuestra corrupta clase política. Se calcula que los sobrecostes que genera el estado autonómico nos salen a los españoles por no menos de 60.000 millones de €uros al año, casi 4 veces el déficit anual de la Seguridad Social!

Pero ese despilfarro autonómico no es el único. Tenemos otro en la administración local: de los 8.115 municipios de España, 5.737 tienen menos de 5.000 habitantes (el 71%) y 6.301 tienen menos de 10.000 habitantes (el 78%). En la mayoría de los países europeos ya se acometió la reforma local para eliminar los municipios de menor tamaño, optimizando así el uso de los recursos públicos. En Italia se redujo incluso el número de provincias. Sin embargo en España no se ha tocado ni un ápice la mastodóntica estructura que tenemos.

Ese número de 8.115 municipios proviene de siglos atrás, cuando para ir de un pueblo a otro a unos pocos kilómetros había que desplazarse andando, en burro o a caballo por caminos de tierra. En aquella época, la mayoría de la gente vivía casi toda su vida sin abandonar su pueblo o ciudad… Sin embargo hoy día, en pleno siglo XXI, la movilidad está garantizada. Las modernas carreteras y medios de transporte, tanto públicos como privados, nos permiten desplazarnos cientos de kilómetros con rapidez, seguridad y total libertad.

En la actualidad hay una infinidad de gestiones que se pueden realizar por Internet desde casa y muchas empresas de servicios municipales (recogida de basuras, limpieza, etc.) podrían hacerse cargo de mancomunidades enteras. Ya no existe la necesidad de que todos los pequeños municipios diseminados por la geografía nacional, tengan su ayuntamiento, su alcalde, su secretario, sus concejales y demás gastos aparejados. Pero esa optimización para reducir gastos no se ha llevado a cabo. Nuestros gobernantes han preferido subirnos los impuestos y recortarnos en sanidad, educación y servicios sociales, antes que reducir esa enorme estructura administrativa, con sus cargos políticos correspondientes.

Si elimináramos el despilfarro autonómico y el despilfarro local, España podría pasar de un plumazo del déficit público actual a tener superávit; el IVA podría rebajarse al menos al nivel de 2011, igual que otros impuestos. La sanidad y la educación podrían volver a potenciarse y además sobrarían recursos para sanear la Seguridad Social y garantizar las pensiones futuras.

Es vital que la ciudadanía se conciencie cuanto antes de que la milonga de la descentralización ya no tiene sentido, excepto para los políticos, que son los únicos beneficiados con ella. La mayoría de ellos, simplemente para poder vivir del cuento, pero en dos comunidades autónomas (la catalana y la vasca) los políticos han hecho además un uso pernicioso e incluso delictivo de este invento para fomentar la división y el odio a España…

 

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