Administrador que administra…

Dice un refrán español: “administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga”…

Cuando lo que se administra es de titularidad privada, siempre hay alguien por encima de ese administrador para pedirle cuentas (consejo de administración, junta de accionistas, auditores externos y/o internos, etc.). El problema siempre suele venir cuando lo que se administra es de titularidad pública, ya que desgraciadamente está muy extendida la creencia que aquella lumbrera socialista reflejó en su famosa frase: “el dinero público no es de nadie”…

La titularidad privada siempre lleva a la eficiencia o en caso contrario a la quiebra (a desaparecer); mientras tanto la titularidad pública puede mantenerse en la ineficiencia y el derroche por los siglos de los siglos, ya que si las cuentas no cuadran, simplemente el dinero que falte se le quita a los contribuyentes cada año, con cargo a los presupuestos, y todo arreglado!

Ejemplos dramáticos de esa diferencia entre lo público y lo privado aparecen en el trato que el ser humano dispensa al medio ambiente:

  • Si yo soy el dueño de una finca, nunca voy a permitir que venga nadie a verterme escombros, basuras o productos químicos. Ahora bien, si un terreno “no es de nadie”… entonces cualquiera se cree con derecho a contaminarlo.
  • Los ríos, las playas, los mares o las calles y parques de las ciudades “no son de nadie”, por eso demasiada gente se cree con el derecho a verter desechos en ellos.
  • El aire “no es de nadie”, así que a nadie le preocupa especialmente que se contamine a diario…

Evidentemente no voy a defender aquí que haya que privatizar ríos ni mares, sólo estoy haciendo un ejercicio didáctico para que todo el mundo entienda esa diferencia de comportamiento tan extendida entre lo privado y lo público. Lo ideal sería que igual que no permitimos que nuestras propiedades sean ensuciadas, tampoco permitiéramos que los lugares públicos lo fueran. Porque los recintos públicos y muy especialmente la Naturaleza, no es que no sea de nadie, es que “es de todos”! Y por tanto todos somos “propietarios” y como tales deberíamos comportarnos, defendiéndola a capa y espada…

Pero vuelvo otra vez al tema del “administrador que administra”… En España el dinero público (ese que a mucha gente no le importa porque “no es de nadie”) se gestiona de una forma tan sumamente descentralizada, que seguramente tenemos una administración pública de las más sobredimensionados del mundo y en 4 niveles superpuestos (dejando a un lado la administración general de la Seguridad Social).

La administración central del Estado es bastante reducida y homologable a la de otros países, pero a continuación tenemos tres niveles más: las comunidades autonómicas (17 más Ceuta y Melilla), las provincias (50 más Ceuta y Melilla) con sus diputaciones provinciales y los ayuntamientos (más de 8.000!), de los que menos de un millar superan los 10.000 habitantes. Si a estos 4 niveles administrativos le añadimos las empresas públicas y semi-públicas que gestionan, imaginemos la cantidad de cientos de miles de “administradores que administran” el dinero público de todos los españoles… Por eso no es de extrañar que salgan a la luz constantemente episodios en los que “algo han tragado” políticos y administradores de todos los partidos, tanto de empresas públicas, como de ayuntamientos, diputaciones, autonomías y administración central.

Sólo por ese riesgo de que nos roben ya merecería la pena reducir el número de “administradores que administran”, pero es que además hay dos motivos claros para optimizar esta administración pública española tan elefantiásica:

  • En primer lugar la defensa de la IGUALDAD de todos los españoles. Si el artículo 14 de la Constitución recoge esa igualdad, ¿por qué hay zonas de España con mejores coberturas sanitarias que otras?, ¿por qué hay regiones en las que un español paga más impuestos que en otras?, ¿por qué hay regiones en las que se discrimina a españoles por cuestión lingüística?, ¿por qué la educación de los niños españoles es diferente dependiendo de la región en la que viva?, etc., etc.
  • En segundo lugar por EFICIENCIA. El sobre coste que nos produce a los contribuyentes el estado autonómico ya fue evaluado por el equipo económico de UPyD en 70.000 millones de €uros allá por el año 2012; ese ahorro ya nos llevaría del déficit al superávit anual de un plumazo, lo que nos serviría para bajar los impuestos y/o amortizar deuda pública. Del mismo modo no tiene sentido alguno mantener los siete mil y pico ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, cuando se podrían crear mancomunidades que consiguieran ahorros y sinergias…

Si otros países europeos ya han acometido esta tarea de optimización territorial hace muchos años, ¿por qué no se hace en España? La respuesta es muy sencilla: España no es una verdadera democracia, sino una partitocracia, según la cual la prioridad no somos nunca los ciudadanos/contribuyentes, sino los partidos políticos y su “juego democrático”. Para nuestros políticos, sin importar ideologías (quizás en esto sólo se salvarían la extinta UPyD y Ciudadanos, que son los únicos que se han atrevido a plantear en sus programas la reducción de la administración pública), lo importante es tener una administración lo más grande posible, con el fin de disponer de muchos puestos en los que enchufar a sus miles de afiliados y acólitos. Además están los partidos nazionalistas (lo pongo deliberadamente con “z”), que infectan nuestro sistema político con sus anacrónicos discursos identitarios y cainitas, y que utilizan las instituciones para propagar su veneno…

Va siendo hora de que este pueblo español tan adocenado, inculto y subvencionado despierte de una vez y empiece a reclamar que se gestione bien su dinero. Porque la gran mayoría, sumida en su ignorancia, no se da cuenta de que ese “juego democrático” de la partitocracia española le cuesta cada año un dineral en impuestos… Imaginemos que entre el sobre coste autonómico y el municipal (no entro en las diputaciones), el derroche anual fuera de 92.000 millones de €uros (cifra sin ningún rigor económico y que seguramente se queda corta); pues bien, haciendo una simple división, llegaríamos a la conclusión de que a cada español le cuesta la broma la friolera de 2.000 €uros anuales; es decir que a una familia de cuatro miembros le sale por 8.000 €gritos anuales, o lo que es lo mismo 667 €uros cada mes, durante todos y cada uno de los años de sus vidas…

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